Gualeguaychú ante su mayor golpe industrial: 100 familias en la calle por el conflicto en Unionbat
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La emblemática fábrica de baterías no acató la conciliación obligatoria tras despedir al centenar de operarios con hasta 25 años de antigüedad. El gremio de Químicos denuncia un vaciamiento coordinado y advierte sobre el devastador impacto social en la economía local, en medio de una ola de conflictos que sacude a toda la provincia.
Un golpe inédito para la comunidad de Gualeguaychú
La ciudad de Gualeguaychú enfrenta un golpe laboral sin precedentes dentro de su Parque Industrial. Tras la decisión de la firma Unionbat S.A. de cesar su parte operativa, 100 trabajadores convencionados se quedaron repentinamente sin su fuente de sustento. Si se suman los puestos indirectos —que abarcan a contratistas, personal de limpieza y seguridad—, la cifra asciende a un mínimo de 130 familias afectadas.
Martín Gómez, secretario general del gremio de Químicos, describió el panorama como desolador y recordó que la magnitud de este conflicto supera cualquier antecedente en la historia reciente de la ciudad. Hasta el momento, las mayores crisis registradas en el predio industrial habían sido el cierre de Resyder (con 25 despidos) y la reestructuración de Unilever en 2018 (que afectó a 40 operarios). Este caso triplica aquellas cifras, impactando de forma directa en el tejido socioeconómico local: se trata de más de un centenar de personas que viven, consumen y dinamizan la economía de Gualeguaychú.
La diferencia crucial: una vida entera dentro de la fábrica
A diferencia de las habituales rotaciones de personal o las finalizaciones de contratos temporales que suelen ocurrir en otras industrias, el perfil de los despedidos en Unionbat agrava el impacto social. El promedio de antigüedad de los operarios despedidos ronda entre los 20 y los 25 años de servicio.
Se trata de vecinos de entre 40 y 50 años que han desarrollado la mitad de su vida laboral en un entorno catalogado como insalubre. Debido a la continua manipulación de plomo y ácido, los operarios cumplen jornadas reducidas de seis horas y acceden a la jubilación anticipada a los 55 años por el desgaste y la contaminación propios de la actividad.
La situación de vulnerabilidad actual es total. La empresa no solo envió los telegramas de despido, sino que incumplió los plazos legales de pago de la última quincena de junio y el aguinaldo. Al cortarse la totalidad de sus ingresos de un día para el otro, las familias se debaten hoy entre el acampe bajo las heladas y la necesidad urgente de salir a realizar "changas" o servicios de transporte para cubrir necesidades básicas como la alimentación y las facturas de luz.
Una planta centenaria y con tecnología de punta bajo llave
El conflicto resulta aún más indescifrable para el gremio debido al alto valor estratégico y la trayectoria de la empresa. Nacida originalmente en 1914 bajo el nombre de Gino Bocci y Hermano, y ampliamente reconocida por la comercialización histórica de la marca Willard, Unionbat S.A. es una firma de capitales nacionales consolidada como el único fabricante de baterías en el país con la exigente certificación internacional IATF 16949. Esto la convertía en proveedora oficial de equipos originales para terminales automotrices de primera línea, como Toyota.
La producción de los componentes internos esenciales (el procesamiento de plomo y químicos) se realizaba íntegramente en la planta de 20.000 m² ubicada en Gualeguaychú, para luego ser enviada a la planta de San Martín, en Buenos Aires, donde se ejecutaba el ensamblaje final.
Según denunciaron los delegados, los días previos al sorpresivo cierre, directivos de la empresa se encargaron de realizar un exhaustivo balance de la materia prima y el stock disponible, dejando todo guardado bajo llave en contenedores. La fábrica cuenta con maquinaria de última generación lista para operar y, de hecho, en las reuniones previas la gerencia había transmitido excelentes perspectivas comerciales de cara a la temporada invernal, considerada la "temporada alta" debido al incremento en el cambio de baterías.
Crónica del conflicto: del WhatsApp al reclamo en las rutas
El conflicto estalló el viernes 27 de junio de manera abrupta. La empresa se presentó con una escribana pública para notificar los despidos en pleno horario de trabajo al turno mañana, prohibiendo simultáneamente el ingreso del turno tarde. Al resto de la planta operativa se le comunicó el cese de actividades mediante un archivo PDF enviado por la aplicación WhatsApp.
Posteriormente, la firma no acató la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de Entre Ríos. Aunque la medida retrotrae legalmente la situación al estado previo al conflicto, la planta permanece paralizada y custodiada por seguridad privada las 24 horas. Los únicos que asisten son escasos supervisores y gerentes fuera de convenio, quienes sí percibieron parte de sus haberes, lo que el sindicato interpreta como una maniobra de provocación y desgaste hacia los trabajadores organizados.
Ante las audiencias ministeriales dilatadas por representantes legales de la empresa que manifestaban no tener poder de decisión, el gremio comenzó a endurecer las medidas de fuerza. Tras una masiva jornada de protesta con quema de cubiertas en la rotonda de acceso al Parque Industrial —donde los operarios fueron acompañados por sus familias y trabajadores de firmas vecinas como Fademi y Unilever—, la CGT Regional Gualeguaychú coordinó una fuerte acción gremial. Se programaron volanteadas y manifestaciones sobre la Ruta Nacional 14 (específicamente en los kilómetros 53 y 56), buscando visibilizar la gravedad de la situación ante el resto de la comunidad y el tránsito regional.
El mapa de la crisis provincial y el frente abierto en PYAM
El drama de Unionbat no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un alarmante mapa de conflictividad laboral que se extiende por toda la provincia de Entre Ríos. Entre los focos más críticos de la región se encuentran:
- Frutafiel (General Ramírez): La empresa ingresó en un preventivo de crisis, sembrando total incertidumbre sobre el futuro de unos 1.200 trabajadores.
- Granja Tres Arroyos (Concepción del Uruguay): Mantiene en vilo a una enorme cantidad de operarios por complicaciones en su esquema de producción.
- Concordia: Se registran severos conflictos en el sector público tras el despido de aproximadamente 400 empleados estatales.
Asimismo, en el mismo ámbito local del gremio químico de Gualeguaychú, subsiste un conflicto paralelo en el Laboratorio PYAM, propiedad del empresario Luca Vigiliani. La firma, que ya había despedido a ocho operarios en el mes de abril sin abonar las indemnizaciones correspondientes, sumó el despido de otros 11 trabajadores utilizando la figura de crisis del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. El agravante radica en que, entre los nuevos cesanteados, se encuentran tres delegados de la comisión interna con fueros y tutela gremial. El empleador pretende abonar únicamente el 50% de la indemnización financiada en 12 cuotas, amparándose en las recientes modificaciones normativas en materia laboral.
Tanto para el caso de PYAM como para el de Unionbat, las expectativas formales están fijadas para el próximo 15 de julio en la ciudad de Paraná, fecha en la que el Ministerio de Trabajo convocó a las audiencias centrales. No obstante, el sindicato apuesta en paralelo a forzar reuniones informales previas con los verdaderos directores y propietarios de las firmas para destrabar de inmediato un escenario que tiene a más de un centenar de familias entrerrianas desamparadas y al borde del abismo económico.
Autor:Javier Vilaboa
